Hungría lleva años en el punto de mira de Bruselas a causa de la vulneración del Estado de derecho. Por su persecución a ONGs que ayudaban a migrantes, por el cierre de una universidad financiada por el filántropo millonario húngaro-norteamericano George Soros, o recientemente, también por una polémica ley que, según lamenta la Comisión Europea, es discriminatoria contra el colectivo LGTBIQ+. Además, tiene un historial de casos de corrupción y fraude que preocupan al Ejecutivo a la hora de desembolsar los fondos de recuperación.
La Comisión Europea ha aprobado varios planes para que los países puedan empezar a recibir dinero ya este verano, proveniente de los fondos de recuperación. Así ha sido en el caso de España, Portugal, Irlanda, Croacia, Lituania, Eslovenia, Bélgica, Francia, Letonia, Alemania, Italia, Austria, Eslovaquia, Luxemburgo, Dinamarca, Grecia y Chipre. Pero Hungría, que también envió su plan, aún está a la espera.
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Está previsto que el país gobernado por Viktor Orbán reciba 7.200 millones de euros de los fondos, pero no se espera que el desembolso se produzca durante el verano. La Comisión Europea sigue a la espera de analizar el plan, ante las dudas que generan la vulneración del estado de derecho del país, pero también cuestiones ligadas a la corrupción que ha habido en Hungría. De hecho, desde el Ejecutivo aseguran que la calma que se está tomando la institución para aprobar el plan podría tardar aún “meses” y “no días”.
Además, el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentilioni, aseguró recientemente que el Ejecutivo está “trabajando en aspectos que tienen que ver con el respeto al Estado de Derecho”.
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En el último informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho publicado esta semana, Hungría, junto con Polonia, son los países que más preocupan a Bruselas. Entre las cuestiones que alerta el Ejecutivo: problemas en la independencia judicial, sobre la reforma contra la corrupción, la consideran “limitada”.
Ven “riesgos de clientelismo, favoritismo, nepotismo entre los altos funcionarios de la administración pública”, así como las relaciones entre empresarios y actores políticos, que “continúan sin tratarse”.
Asimismo, critica que los mecanismos de control independientes también son “insuficientes” para detectar la corrupción. También alerta de la persecución a los medios de comunicación, que no son afines al gobierno húngaro, sufriendo “intimidación” y “obstáculos” para que los periodistas no puedan ejercer su trabajo.
Existen riesgos de clientelismo, favoritismo, nepotismo entre los altos funcionarios de la administración pública [en Hungría]
Estado de derecho y su relación con los fondos
Todas estas advertencias juegan en contra Hungría, que está a la espera no solodel dinero postpandemia, también depende de los cuantiosos fondos europeos provenientes de los presupuestos y de los que el país es una importante beneficiaria (alrededor del 60% de su inversión pública depende de ellos).
En su informe, la Comisión Europea es clara: “Se podría tener en cuenta el informe sobre el Estado de derecho (…) si se identifican y encuentran infracciones en los principios del Estado de derecho que afectan a los intereses financieros de la Unión”, advierte.
De hecho, en los últimos presupuestos europeos aprobados a finales del año pasado, se acordó —a instancias del Parlamento Europeo— que los fondos estuvieran ligados al respeto al Estado de derecho. Una medida que estudia la justicia europea, a petición precisamente de Polonia y Hungría, para que estudie su legalidad.
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Por otra parte, un reciente informe del Instituto Jacques Delors, think tank con sede en Bruselas, alerta del peligro de fraude que pueda haber con la gestión de los fondos europeos, porque no es la primera vez que ocurre, por ello, la organización advierte a la Comisión Europea que esté más atenta.
Y justamente, el informe también recuerda los casos de corrupción y mal uso de fondos europeos en países, justamente, como Hungría. En 2019, por ejemplo, el país tuvo ya que corregir las deficiencias encontradas sobre la gestión de fondos de cohesión por valor de 1.000 millones de euros.
Y no es lo único que preocupa a Bruselas. La semana pasada abrió un procedimiento de infracción contra el país por su polémica ley que se considera discrimina a la comunidad LGTBIQ+ y que el gobierno húngaro ya ha dicho que someterá a referéndum.
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Esta legislación no permitirá, por ejemplo, que haya series o películas en horario infantil en que aparezcan parejas del mismo sexo, tampoco se permitirá hablar de sexualidad en las escuelas, y de forma velada, relacionan pederastia con homosexualidad. La situación ha provocado incomodidad en las instituciones, en la Eurocámara (que pidió que se retiraran los fondos), y en el Consejo Europeo, en que una gran mayoría de líderes europeos reprocharon a Orbán en la última reunión la medida.
El primer ministro del país, Mark Rutte, recordó que si no se quieren respetar los valores europeos, existe “el artículo 50” [el que permite a un país pedir la salida de la UE, como hizo Reino Unido]; o el jefe de gobierno de Luxemburgo, Xabier Bettel, —abiertamente gay— que lamentó cómo incluso fue rechazado por su madre por ser homosexual.
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Si el gobierno húngaro mantiene la ley — y aprobada en referéndum— el caso podría llegar a la justicia europea. Y si no lo acata, podrían aplicarle una multa millonaria al país.
Así puede ocurrirle a Polonia, cuyo Tribunal Constitucional indicó la semana pasada la primacía del derecho polaco sobre el europeo, que podría verse afectada por una sanción millonaria (aproximadamente tres millones de euros) si de aquí a un mes no acata las decisiones de la justicia europea.
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