Hungría y Polonia vetan el Presupuesto Europeo para el periodo 2021-2027 y por extensión el fondo de recuperación de la UE aprobado el pasado mes de julio. Viktor Orban lleva cuatro meses amagando, acariciando la idea y amenazando con ello, y en la 'primera' oportunidad que se le ha presentado ha cumplido. El portavoz de su Gobierno, Zoltan Kovacs ya avanzó que su embajador iba a votar que no cuando la presidencia temporal de la UE, en manos de Alemania, sometiese a votación el paquete completo esta tarde. Polonia, se ha sumado también para lanzar un mensaje más contundente.
Los jefes de Estado y de Gobierno llegaron a un acuerdo antes de la pausa de verano tras cinco días eternos de Cumbre para un Marco Financiero Plurianual de 1,1 billones de euros y un plan de recuperación con 750.000 millones de euros, de los que 390.000 millones serían en transferencias, no préstamos. Una ayuda vital para países como España, que han diseñado sus primeros borradores presupuestarios sumando esas futuras aportaciones. Será un fondo a financiar con deuda europea, con emisiones sin precedentes por parte de la Comisión Europea. Pero aquel pacto, sin embargo, fue sólo un primer paso, no el último. Y el Fondo no está listo todavía.
Ya entonces se incluyó, muy a pesar de Hungría y Polonia, un mecanismo que en última instancia permitiría congelar los fondos de los países que no cumplan con el Estado de Derecho. Y ambos Ejecutivos llevan años con choques abiertos con Bruselas por esa cuestión, con un expediente abierto bajo el marco del Artículo 7, la herramienta más contundente en los Tratados para hacer frentes a capitales rebeldes, que pongan en peligro la separación de poderes o no garanticen los derechos y libertades de sus ciudadanos. Una herramienta que en última instancia podría dejar a un Estado Miembro sin derecho a voto en las decisiones comunitarias, pero que requiere unanimidad para ser aplicado.
La esperanza de todas las partes estaba en los detalles, en el desarrollo de los reglamentos, en las negociaciones técnicas. Unos querían endurecerlo y otros relajarlo. Durante estos meses los estados por un lado, y luego el Consejo de la UE con el Parlamento Europeo (que tiene que ratificar las decisiones finales), han estado debatiendo, peleando y puliendo los aspectos principales. Así, por ejemplo, la Eurocámara ha logrado arañar 16.000 millones de euros más para el Presupuesto 2021-2027 y promesas de una hoja de ruta vinculante para la aprobación de 'tasas europeas' que contribuyan a lo largo del próximo lustro a nutrir las arcas de los recursos propios de la UE.
En el tema del Estado de Derecho lo principal no estaba zanjado, aunque la Cumbre de julio fijara que no era necesaria unanimidad para activar un proceso de congelación de fondos. El mecanismo inquieta en Budapest y Varsovia, porque podría bloquear su financiación sin que pudieran hacer nada para impedirlo. Nada directamente al menos. Ambos esperaban rebajar la condicionalidad, que se aprobara un paraguas, pero con poco contenido. Pero por un lado los eurodiputados y por otro los gobiernos de los países escandinavos y el holandés se han negado a transigir en todo. El mecanismo sigue ahí, algo aguado, pero sigue ahí. Y por eso el veto. "Esto puede ser una gran crisis", han reconocido hoy fuentes europeas, admitiendo que si se encalla puede retrasar aún más el desembolso de los fondos para hacer frente a los estragos del Covid a nivel continental.
Está por ver cómo se articula el veto húngaro y potencialmente polaco. Si se trata de hacer algo de ruido pero luego ceden o va para largo. De momento no han saltado todas las alarmas en Bruselas. No es lo mismo que un embajador vote que no dentro del Coreper (las reuniones regulares de los representantes permanentes ante la UE) que si lo hace un jefe de Estado o de Gobierno ante sus pares. Y este jueves hay un Consejo Europeo informal en el que se abordará la cuestión. Así que todos los ojos están puestos ahí.
La solución, apuntan fuentes diplomáticas, estará en el lenguaje. Una cosa es que exista un mecanismo a disposición y otro cómo se activa. Si para poder congelar los fondos se requería una situación como la que ya se vive en Budapest o Varsovia, con injerencias, violación de la separación de poderes, leyes que van contra las normas comunitarias y no acatamiento de sentencias del TJUE. O si para dar al botón rojo se especifica, de una forma más encubierta, que lo que tiene que estar en peligro es la estabilidad de toda la Unión. Una forma de prácticamente garantizar que no se usará salvo que haya guerra abierta y sin cuarten entre Bruselas y los gobiernos más hostiles. Y que podría cobrar forma en una conclusiones del Consejo Europeo o una promesa de la Comisión Europea, que es como Guardiana de los Tratados la que activar las alarmas y arranca los procesos de sanción en la UE.
"Habría una vía muy simple para resolver esto: el Parlamento Europeo y el Consejo suspenden la negociación sobre la condicionalidad del estado de Derecho y luego, cuando todo el paquete de Marco Financiero se adoptado, las reanudan o le piden a la Comisión que haga una nueva propuesta y se adopta como estaba planeado", apunta Eulalia Rubio, investigadora del Delors Institute.
La cuestión del Estado de Derecho se podía aprobar por mayoría cualificada en el seno del Coreper, entre los embajadores, y así ha sucedido porque había votos más que suficientes. Pero la cuestión de los recursos propios de la UE no, eso exige unanimidad. Y sin más recursos se paraliza todo el Presupuesto y su tramitación, que debe cerrarse lo antes posible para que el 1 de enero hay aun Marco Financiero en vigor. Y con ello, y por extensión, el Fondo de Recuperación, pues para poder emitir deuda en los mercados la Comisión necesita la resolución sobre recursos propios y poder elevar el techo de gasto.
"Los embajadores no han podido lograr la unanimidad necesaria para poder iniciar el procedimiento escrito por las reservas mostradas por dos Estados miembro", ha explicado el portavoz alemán, Sebastian Fischer. El mecanismo de condicionalidad "fue confirmado por mayoría cualificada", pese a la negativa de los mismos. Que también mostraron sus reservas y oposición al elemento clave del paquete, pero "no a la sustancia del Marco Financiero", ha insistido el portavoz germano.
Orban y el polaco Mateusz Morawiecki enviaron una carta la semana pasada a las instituciones avisando de sus intenciones para frenar lo que consideran un "ataque a la soberanía nacional". Algunos gobiernos, como el alemán o el francés, estaban dispuestos a aflojar algo la presión, porque consideran que la prioridad es poner en marcha el Fondo de Recuperación y evitar una crisis monumental los próximos años. España o Italia están completamente en esa línea también. Todos recalcan que lo que pasa en esos países es muy grave y preocupante, pero no quiere arriesgarse a un retraso aún mayor de los fondos de ayuda, que en el mejor de los casos estarían sólo a disposición a partir del tercer trimestre de 2021, por todos los trámites que requieren.
En todo caso, apuntan fuentes comunitarias, la decisión sobre Estado de Derecho ha sido aprobada ya independientemente de lo que ocurra con el resto de elementos. Y su alcance va más allá del próximo Presupuesto, así que Polonia y Hungría han perdido esa batalla. Ahora se trata de ver cuál es el precio para que lo lleven de la mejor forma posible y para que puedan presentarlo ante su electorado de la forma menos lesiva posible.
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