La UE lanza su “Green Deal” para ser el primer continente totalmente verde

PARÍS.– Tras años de diplomacia y varias cumbres agitadas para embarcarse en la lucha contra el calentamiento climático, la Unión Europea (UE) pasó este miércoles de las palabras a los hechos presentando un imponente paquete legislativo que transformaría a Europa en el primer continente totalmente verde del planeta.

Entre esas medidas, algunas de ellas explosivas: reducir 55% de las emisiones de CO2 del bloque antes de 2030, la desaparición de los autos a diésel y nafta en 2035 o el impuesto carbono a la aviación. Todas deberán ahora ser negociadas con los 27 Estados miembros y los eurodiputados.

La docena de propuestas presentada en Bruselas por la Comisión Europea (CE) tienen por objetivo dar cuerpo a ese famoso Green Deal o pacto verde europeo. En ese menú, además de las ya mencionadas, figura una tasa kerosene para la industria aérea, nuevos objetivos en materia de energías renovables y la creación de un impuesto en las fronteras de la UE para las importaciones de bienes fabricados en condiciones menos verdes que sus competidores comunitarios.

“Entramos en el meollo y lo concreto. En la puesta en marcha, sector por sector, país por país, de los compromisos políticos”, resume Lucie Mattera, del centro europeo de reflexión E3G.

De una envergadura inédita, ese paquete legislativo exigió cantidad de horas de trabajo y negociación dentro de los diferentes sectores de una CE, donde no todos estaban de acuerdo. Pero también con los Estados miembros y los parlamentarios europeos, que deberán pronunciarse en algunos meses. Eso, sin olvidar los lobbies de todo tipo que harán lo posible para defender sus intereses.

“Es un momento crucial para la UE y para su capacidad de poner en marcha una política climática ambiciosa”, analiza Lola Vallejo, directora del programa Clima del IDDRI.

Piedra angular de la política europea en materia de lucha contra el cambio climático, el mercado europeo del carbono (ETS) debería verse profundamente modificado. Actualmente, ese mecanismo creado en 2005 cubre las emisiones de 10.000 instalaciones del sector de la electricidad y la industria (siderurgia, cemento, refinado petroquímico) en Europa. También están concernidas las compañías aéreas en sus vuelos intraeuropeos. Todo ello representa 40% de las emisiones de gas a efecto de invernadero del bloque.

Cada año, los Estados miembros imponen un techo de emisiones para esas instalaciones y otorgan cuotas a esas las empresas. A fin de año, estas deben restituir cada cuota correspondiente a sus emisiones. Existen dos casos posibles: si supera el techo, la empresa debe aumentar su cuota comprando en el mercado u obtener créditos de compensación, a riesgo de pagar una multa. Una empresa que emite menos que su techo, puede conservar su cuota o venderla. El objetivo de la CE es incitar a las empresas a reducir sus emisiones para realizar economías.

Lentos avances

El problema es que el mercado del carbono no produjo los efectos esperados. Hasta 2012, casi la totalidad de las cuotas eran distribuidas a los operadores gratuitamente, con techos que se reducían mínimamente. La crisis económicas de 2010, que provocó una reducción de la actividad y las emisiones de los productores en relación a sus techos, también condujo a un excedente de cuotas disponibles. Resultado: el precio del carbono nunca superó los 10 euros la tonelada entre 2012 y 2018. Muy poco para incitar a los contaminadores a modificar sus instalaciones.

Por esa razón, Bruselas quiere acelerar. Para las instalaciones cubiertas por el sistema ETS, el objetivo de reducción de CO2 pasará de -43% a -61% de aquí a 2030. El arma de la Comisión será una disminución más rápida de los techos, así como la supresión de las cuotas gratuitas para algunos sectores, como por ejemplo la aviación.

El conjunto de la recaudación generada por ese mercado debería ser afectada por los Estados miembros a proyectos de transición o para el clima. Con esas modificaciones, el precio del carbono debería pasar a 75 dólares la tonelada a fin de año.

Las cuotas gratuitas deberían ser remplazadas por un mecanismo de ajuste carbono en las fronteras (MACF), cuyo objetivo es imponer a las mercaderías producidas fuera de la UE la tarificación carbono en vigor en el bloque, para compensar la diferencia de normas ecológicas entre la UE y los otros países.

Esa medida, sin embargo, provoca debate dentro y fuera de la Unión. China, por ejemplo, denuncia una barrera proteccionista ilegal. Alemania, campeón de la exportación, también teme represalias sobre su sector automotriz.

Profundamente modificado, el mercado del carbono será ampliado a otros sectores, como el transporte marítimo, el vial y el de la calefacción. Estos dos serán objeto de un acuerdo paralelo en 2026 pues, tocando directamente la billetera de los particulares, son temas explosivos, como sucedió cuando Francia quiso imponer la tasa carbono y provocó la aparición de los “chalecos amarillos”. Pero Bruselas persiste.

“En una factura de nafta, esa tasa representaría un aumento de entre seis y 60 centavos de euro el litro”, advierte Thomas Pellerin-Carlin, director de- Centro Energía del Instituto Jacques Delors (EU). Es decir una potencial fortuna para los hogares menos favorecidos.

Según un estudio polaco, la extensión del mercado carbono a la calefacción y al transporte vial podría representar una carga de 1,1 billones de euros en 15 años para los hogares europeos. O sea, hasta un mes de salario anual para el 20% de las familias más pobres en ciertos países del bloque.

Para Lola Vallejo, “esa medida podría hacer estallar la fuerte adhesión existente a la transición”.

Más allá del mercado carbono, la UE quiere reducir en forma drástica las emisiones del transporte en las rutas. En otras palabras, la desaparición de los vehículos a diésel y nafta en beneficio de los eléctricos para 2035. También preconiza una reducción de 55% en 2030 en relación a 2021. Con esas nuevas normas antipolución, los vehículos híbridos también se verán afectados. El dispositivo inquieta seriamente a los constructores. El presidente de Renault, Luca di Meo, estimó que una transición “brutal” podría destruir 50.000 empleos en Francia.

En el capítulo producción de electricidad, la CE propone un ambicioso objetivo en cuanto a la parte de energías renovables en el consumo en 2030, que debería pasar del 32% actual a 40%.