¿Cómo prevenir el mal uso de los fondos post-pandemia?

Europa ante la covid

Hay dudas sobre evitar un posible fraude en algunos países si no se establecen estrictos mecanismos de vigilancia

Coronavirus | Rebrotes, contagios y última hora de la vacuna de AstraZeneca y la covid , en directo

Horizontal

La vicepresidenta segunda Nadia Calviño charla con el ministro de economía alemán, Olaf Scholz  

EFE

El camino hasta que los fondos europeos lleguen a las arcas de los países en forma de préstamos y subsidios ha estado lleno de sobresaltos. Pero una vez lleguen, ¿quién garantizará que no se haga un mal uso de ellos? 

Desde su misma concepción hace ahora un año, el fondo de 750.000 millones de euros (conocido como Next Generation EU) fue difícil de aprobar, con una reunión maratoniana de los líderes europeos en verano; pasando por su complicada aprobación en la Eurocámara y con un amago de bloqueo por parte de Hungría y Polonia que casi lo hizo descarrilar todo. Y por si no fuera poco, la ratificación en los parlamentos nacionales, con un recurso en el Tribunal Constitucional alemán incluido. 

La aprobación ha sido una montaña rusa de emociones europeas. Ahora, con la luz verde del Tribunal Constitucional alemán para que el Bundestag pudiera aprobar el plan (así lo hizo el pasado viernes), los primeros desembolsos que marquen la recuperación se ven un poco más cerca. 

Lee también

Ahora, los países tienen hasta el 30 de abril (aunque la propia Comisión Europea ya ha dicho que será flexible en los plazos) para enviar sus planes nacionales. De momento, Portugal ha sido el primer país en presentarlos. En ellos, se detallarán cómo los países esperan acometer reformas e inversiones para crear empleo y potenciar el crecimiento, y focalizados en cuestiones como la transformación digital o la transición ecológica. Bruselas tendrá aproximadamente dos meses para dar el visto bueno y poder efecutar los desembolsos. 

La idea es que la Comisión Europea pueda acudir a los mercados el 1 de julio, siempre y cuando todos los países hayan ya ratificado todo el proceso. Los primeros fondos se entregarán a los gobiernos que hayan presentado antes sus planes y tengan el visto bueno de Bruselas. 

Lee también

Los países del sur piden a Bruselas acelerar la aprobación de los fondos

Jaume Masdeu
MADRID, 14/04/2021.- La vicepresidenta segunda y ministra del área económica, Nadia Calviño (i), a la salida del pleno del Congreso, este miércoles, donde el Gobierno ha defendido el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus y dispuesto a no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo. EFE/ Mariscal

El Ejecutivo prevé capturar unos 800.000 millones de euros en los mercados de deuda hasta 2026, aproximadamente entre 150.000 y 200.000 anuales. “El programa de financiación será un cambio radical en los mercados financieros”, aseguró el comisario encargado de Presupuestos, Johannes Hanh. 

Pero, una vez la Comisión Europea ya haya enviado los fondos, ¿cómo se gestionarán? ¿Cómo se puede evitar el fraude? “El mensaje principal es que la urgencia no debería llevar a una eliminación de los controles antifraude”, advierte Eulàlia Rubio, investigadora del Instituto Delors. 

Lee también

España se endeudará en los próximos dos años por 150.000 millones

Piergiorgio M. Sandri
GRAF1203. MADRID, 25/03/2021.- La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño defiende el Real Decreto-ley sobre la ley del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes durante el Pleno del Congreso de los Diputados este jueves. EFE/Emilio Naranjo

Pero la investigadora pone de relieve que “con menos obligaciones por parte de los Estados miembros, la UE debería confiar más en sus propias capacidades para identificar posibles casos de fraude. Por ello, es esencial garantizar un presupuesto adecuado para las dos instituciones europeas encargadas de vigilar los posibles fraudes, como la OLAF [Oficina de Antifraude de la UE] y la nueva fiscalía europea (EPPO, por sus siglas en inglés)”. 

“Los desembolsos no estarán sujetos a controles detallados en relación con los gastos incurridos, sino en base a los resultados a través de objetivos y etapas definidas anteriormente. Mientras esto permitirá una rápida implementación y asegurar que se puedan conseguir estos objetivos, también hará mucho más difícil la detección de abusos en los fondos europeos”, se lee en el estudio llevado a cabo por Rubio. 

No es casual que el informe alerte de posibles abusos, porque ya han ocurrido en anteriores ocasiones. Por ejemplo, en República Checa  ha habido casos de corrupción a gran escala en los que incluso el primer ministro del país Andrej Babiš ha estado salpicado en un escándalo sobre el dinero recibido en la Política Agrícola Común (PAC). También en Hungría (con casos sobre prácticas clientelistas y nepotismo) o Bulgaria (con protestas en las calles el año pasado sobre corrupción en los presupuestos y en los fondos europeos). 

Lee también

El populismo, ¿y después?

Michel Wieviorka
Horizontal

Según la investigación del Instituto Delors hay varias deficiencias en el sistema de vigilancia y de gestión de los fondos. Si bien la Comisión Europea promete un escrutinio parecido al que existe con los fondos de cohesión esto no es garantía suficiente, según el análisis. 

El estudio lamenta que, igual que con el dinero del presupuesto europeo, se depende en exceso de la capacidad de los propios Estados de detectar y evitar el fraude. “A pesar de que la Comisión proporciona una guía detallada de cómo se deben denunciar las posibles irregularidades, hay dudas generalizadas de que los Estados miembros no reportan todo a la OLAF”. 

“Los Estados miembros deben cumplir con las normas de la Unión y de sus leyes nacionales para evitar este tipo de corrupción y fraude”, alertan, sin embargo desde el Ejecutivo. 

Horizontal

El estudio del Instituto Delors lamenta que, igual que con el dinero del presupuesto europeo, se depende en exceso de la capacidad de los propios Estados de detectar y  evitar el fraude 

Terceros

El sistema actual no concibe situaciones específicas en caso de fraude institucional o corrupción a gran escala. Según el estudio, la Comisión puede ejercer presión a los Estados para que corrijan “deficiencias sistémicas” en el control de los fondos. Pero en la práctica, envía “cartas y avisos de suspensión”, permitiendo a los propios gobiernos que corrigan ellos mismos las irregularidades. También se denuncia que hay una falta de transparencia que impide a los ciudadanos ver con exactitud cómo y hacia dónde van muchos de los fondos. 

Sin embargo, Bruselas defiende que sí velará para que no se haga un mal uso de los fondos, a pesar de que sean los propios estados que vigilen en un principio. “Los países tendrán que explicar cada una de las disposiciones del sus planes de recuperación y de resilencia y la Comisión analizará si hay suficientes garantías de ello”, explican. 

“Por cada solicitud de pago, los Estados miembros deberán proveer de una “declaración de gestión” conforme los fondos son utilizados según los objetivos, que la información es correcta, que se utilizan sistemas de control y que los fondos se utilizan de acuerdo a las normas”. Además, el Ejecutivo incluirá su propia estrategia de control. 

Lee también

El Gobierno aprobará deducciones de vivienda nacionales de hasta el 60% de la inversión

Pilar Blázquez
La rehabilitación de viviendas augura un cambio de modelo alejado de las construcción

No obstante, la misma investigación del Instituto Delors propone recomendaciones. Como, por ejemplo, tener en cuenta mejoras en aquellos países en que la Comisión Europea ya haya advertido que se necesitan reformas en sus sistemas de anticorrupción (así ha sido en el caso de Croacia, Chipre, República Checa, Hungría, Malta, Italia, Eslovaquia y Eslovenia). 

Otra forma de evitar la corrupción, explica el documento, es que haya el máximo nivel de transparencia sobre el uso que se va a hacer de los fondos post-pandemia, para que la sociedad civil pueda acceder con facilidad, sobre a quién se ofrecen los fondos para llevar a cabo los proyectos. 

Por último, una de las peticiones que se han dado a menudo, también desde el Parlamento Europeo, es ofrecer más recursos a la nueva fiscalía europea. Para este año 2021 están presupuestados 45 millones de euros, pero la oficina pidió 55 millones para llevar a cabo sus investigaciones. En el caso de la OLAF, lamenta el estudio, el equipo no va a aumentar, incluso parte de los trabajadores irán hacia la fiscalía sin poder contar con más empleados.

bandera EU logo european parliament El proyecto 'Europa ante la covid' de La Vanguardia ha sido financiado con el apoyo del Parlamento Europeo. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. El Parlamento no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
Etiquetas
Mostrar comentarios
Cargando siguiente contenido...